p style="text-align: justify;">No es fácil mantener el negocio bancario con beneficios cuando los tipos de interés están al 0% o incluso por debajo de este nivel. Los máximos dirigentes de los principales bancos lo repiten, y en buena parte tienen razón. Con márgenes de intermediación tan bajos y con unos costes en muchas unidades de negocio elevados –muchos derivados de una sobredimensión en banca comercial- el negocio en España se está manteniendo gracias a las comisiones de parte de los productos bancarios y que se siguen comercializando ciertos productos con márgenes muy por encima de lo que debería marcar el mercado como ocurre con los tipos de interés de tarjetas de crédito o de préstamos al consumo.
Todo ello, se antoja bastante insuficiente, los tipos elevados se aplican a una parte “marginal” del negocio y los pronósticos es que el margen de intermediación siga deteriorándose por culpa de los efectos del Brexit. Por ello, el primer paso será una vuelta de tuerca más a las comisiones, especialmente las que muchos bancos están ofreciendo gratuitamente –administración, mantenimiento de cuenta, transferencias, etc- y continuar con un drástico recorte de costes, especialmente por la reducción del número de sucursales.
A todo ello se unen nuevas sombras de duda en el sistema financiero, aunque lejos de sus fronteras. Estas son, Deutsche Bank, cuyos problemas afloraron ya con fuerza en el último trimestre del año pasado y especialmente Italia. Lo que sucede en este país es muy relevante en cuanto se asemeja en muchos puntos bastante al caso español: banca atomizada, ineficiente, con una débil estructura de capital y que debería haber tenido un rescate al estilo español hace años. Este retraso sólo ha agravado los problemas para llegar al mismo punto, la banca italiana necesita una gran reestructuración y la veremos en muy corto plazo.
La clave está en cómo se realizará el mismo. El impacto de los rescates pasados, con un gran peso en las aportaciones de los Estados o de la propia Unión Europea ha llevado a que se haya diseñado un nuevo sistema de rescate, el llamado Bail-In. En este, se da un gran peso, responsabilidad y asunción de pérdidas no sólo a los accionistas de las entidades financieras, también a los bonistas e incluso a los depositantes en la parte que supera la protección de los Fondos de Garantía de Depósitos. Posteriormente, en el caso de entidades sistémicas, si participaría el Estado o la Unión Europea. Los problemas de aplicar estos modelos en Italia son múltiples. En primer lugar estamos hablando de casi todo el sistema financiero italiano no de un caso aislado como el reciente rescate del Heta Asset Resolution AG austriaco. En segundo lugar el enorme peso de los bonos entre los ciudadanos italianos. Un 15% de la población tiene bonos y si se rescata un banco asumiendo buena parte de las pérdidas estos ciudadanos propietarios de Deuda intercambiaríamos un problema económico por otro al que añadir enormes repercusiones políticas en un momento de especial incertidumbre para la Unión Europea.
Por todo ello, ver como se hará el rescate y como se reestructura el sistema afectará de forma directa e indirecta a nuestro sistema financiero. Que eso sí, más allá de sus problemas de negocio e ingresos tiene en casi todos los casos una estructura financiera fuerte.
Este frágil equilibrio en el que se mueven nuestro sector financiero puede descompensarse más si hoy, miércoles 13 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Europeo decreta la retroactividad total de lo cobrado por los bancos por la cláusula suelo. Los hipotecados recibirían en caso positivo un gran balón de oxígeno con unas cantidades medias que para una hipoteca de 180.000 euros y contratada en junio de 2007 rondaría los 10.000 euros si se devolviera desde el momento de la firma o muy inferior si se decide que se haga a partir del 9 de mayo de 2013, cuando el Tribunal Supremo dictó que se trataban de prácticas abusivas.
En el primer caso, los Bancos tendrían un problema importante, por mucho que hayan ido provisionando estos importes. Goldman Sachs, estima un impacto negativo de más de 3.000 millones de euros, de los que el principal damnificado sería BBVA con 1.800 millones, CaixaBank, que afrontaría pérdidas próximas a los 650 millones de euros, Popular, con un impacto de unos 330 millones, y Bankia, con 160 millones, serían las otras tres entidades más perjudicadas.
Muchos creen que se optaría por la opción más conservadora, algo acorde a la situación actual de la situación financiera. Esperaremos al dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su aplicación final. Pero de una forma u otra, el sector financiero español a pesar de su fortaleza afronta un año lleno de retos, cambios y obstáculos.
