La reforma del sistema público de pensiones y la fórmula de su viabilidad para las próximas décadas constituye, sin duda, uno de los caballos de batalla de la legislatura recién estrenada en España. La obligatoriedad, no sólo moral sino constitucional, de asegurar un sistema público de pensiones a las ciudadanos de la denominada “tercera edad” supone una realidad incuestionable y suficiente para acometer las estrategias y cambios necesarios en la política fiscal del país.De hecho, como comentábamos, percibir una pensión es un derecho amparado por la Constitución Española y recogido en su artículo 50 de la siguiente manera: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.Sin embargo, el caldo de cultivo que circunda a esta responsabilidad pública no incluye factores nada halagüeños para el sostenimiento de este sistema de solidaridad entre generaciones. Porque es ésa precisamente, la “solidaridad” entre ciudadanos, la razón de ser del engranaje de las pensiones públicas. Los trabajadores activos de hoy cotizan a la Seguridad Social en función de la base impositiva de su salario. Y son esos ingresos en la caja pública los que sufragan de manera directa las pensiones de los jubilados que, en su día, aportaron una buena parte del rendimiento de su trabajo para el sostenimiento del estado del bienestar de todos, incluidos quienes trabajan en la actualidad.
Lo que a nadie se le escapa es que la población española envejece por décadas, con muy bajos índices de natalidad, al tiempo que cumple años la esperanza de vida en nuestro país. Se calcula que, en 2029, el 25 por ciento de la población en España será mayor de 65 años y que ese ratio aumentará hasta el 39 por ciento, de forma exponencial, para 2064. Por otra parte, para entonces, se estima que la esperanza de vida alcance los 90 años entre los españoles.Como evidencia demográfica más cercana, en menos de una década, asistiremos a la primera oleada de jubilaciones entre la llamada generación del “baby boom” y, con ella, a un aumento en la presión del sistema de protección social.Si a esto le sumamos la elevada tasa de desempleo –con mención destacada para el paro juvenil- y, en consecuencia, la disminución del capital ciudadano encargado de aportar equilibrio en la balanza de las pensiones vía cotización laboral –la tasa de población activa-, el riesgo de quiebra del sistema público de pensiones parece tener fecha de activación. La complicada revalorización de los salarios tampoco rema a favor de aumentar el capítulo de ingresos en este inestable equilibrio intergeneracional.
Lo que resulta evidente es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como “hucha de las pensiones” ha recibido un más que considerable recorte –de 9.500 millones de euros- hace unas pocas semanas para poder hacer frente al abono de la pagas ordinaria y extraordinaria de diciembre de los pensionistas. A fecha de 1 de diciembre, la reservas de dicho fondo que nacía en el año 2000 fruto del Pacto de Toledo alcanzaban los 15.915 millones de euros, lo que equivale al 1,48% del PIB de 2015.Con este “colchón” fiscal en horas bajas, se impone un concienzudo estudio y consenso por parte de Gobierno, partidos políticos y agentes sociales de una fórmula alternativa de financiación que perpetúe este derecho social en España, con especial merecimiento para quienes, a día de hoy, aportan fondos a las arcas del estado con parte de la rentabilidad de su trabajo. No son pocas las voces que abogan por “financiar” el sistema público de pensiones de forma directa, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Otros abogan por aumentar la presión fiscal sobre el ya contribuyente para sufragar ese déficit entre ingresos y gastos sociales.Por su parte, desde las entidades bancarias, no cesa el cortejo al contribuyente para que contrate con ellos un suplemento en forma de fondo de pensiones privado, cuya rentabilidad en la mayoría de los casos se volatiliza con las comisiones de gestión y la inmovilización del capital.Los próximos meses se antojan decisivos en la configuración de un nuevo sistema público de pensiones viable, sostenible en el tiempo y solidario con todos los ciudadanos españoles. Mientras tanto, testigos de estos tiempos de incertidumbre, en Cobalto estamos para asesorarte y diseñar un plan personalizado de cotización y ahorro que garantice tu tranquilidad financiera futura.
